1. El derecho de acceso a la justicia está consagrado en tratados internacionales y en la Constitución Política del Estado.
2. La tutela judicial efectiva implica la posibilidad de acudir ante los tribunales, obtener un fallo y que sea cumplido.
3. El principio pro actione postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales para asegurar una justicia material por encima de una formal.
El artículo presenta una explicación detallada del derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, basándose en fuentes internacionales y nacionales. Sin embargo, no se mencionan posibles sesgos o limitaciones de las fuentes utilizadas, lo que podría afectar la objetividad del análisis.
Además, el artículo parece estar enfocado en promover la interpretación amplia del derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, sin explorar posibles contraargumentos o limitaciones de esta postura. Por ejemplo, no se discute cómo esta interpretación podría afectar la eficiencia y eficacia del sistema judicial o si podría generar un aumento en los casos frívolos o malintencionados.
También es importante señalar que el artículo no aborda temas relacionados con la independencia judicial o la corrupción en el sistema de justicia, factores que pueden afectar significativamente el acceso a la justicia y el debido proceso.
En general, aunque el artículo proporciona información útil sobre los derechos fundamentales relacionados con el acceso a la justicia y el debido proceso, su falta de exploración crítica y equilibrada puede limitar su utilidad para comprender plenamente estos temas complejos.